La Reconstrucción Económica Nacional Durante la Primera Mitad del Siglo XIX (Una Síntesis)

Este es un ensayo realizado para la maestría en Historia Moderna de México de Casa Lamm como parte de la materia "Introducción a la Historia Económica de México", impartida por la Dra. Iliana Quintanar Zárate.

1. Introducción

Las primeras décadas de vida independiente de la Nueva España representan un periodo complejo para el estudio de la historia económica del recién formado país. En este ensayo se tratarán de sintetizar las principales consecuencias económicas que se vivieron tras ese hecho, las cuales fueron profundas. Dicho eso, se verá que, al menos en las primeras décadas de vida independiente, la economía mexicana ralentizó su desempeño, pero nunca se detuvo. Si bien las condiciones de producción se vieron afectadas por la guerra, el territorio no sufrió una debacle total. 

Acabado el conflicto comenzó poco a poco a recuperarse, siendo los problemas político-administrativos más graves que los económicos hacia la mitad del decimonónico. Cabe señalar que en este texto hablaremos de condiciones económicas y hacendarias del Mexico independiente con los pocos datos que otros historiadores han recolectado de ese poco investigado periodo--en términos económicos--, mas no de las condiciones de desarrollo de la población. El periodo de análisis aquí expuesto irá de los años inmediatos a la independencia hasta el segundo imperio.

1. Las consecuencias económicas inmediatas de la guerra de independencia

La caída del imperio español produjo un desajuste institucional en la Nueva España, la cual afectó el desempeño de la macroeconomía del país, situación que produjo menos empleo y un crecimiento retardado de la renta nacional. De acuerdo con los investigadores Salvucci y Salvucci, tanto la guerra como la inestabilidad política y el militarismo “alteraron las pautas de inversión y consumo, impidieron una eficaz distribución de los recursos y dificultaran la colocación al nuevo sistema de comercio internacional de principios del siglo XIX.¹ Si tomamos en cuenta que la independencia de la Nueva España fue motivada por razones políticas y no necesariamente mejoras socioeconómicas para aquellos con menos recursos, como los indios y castas, hablamos de una época de retraso, no de absoluto detenimiento.

Los mismos autores han estimado que la renta anual al final de la época colonial era de 208 millones de pesos corrientes (la cifra es un consenso de diversas fuentes recolectadas por Salvucci y Salvucci, pues, como dijimos al principio, es difícil encontrar datos homogéneos sobre el tema).² 

A inicios de la vida independiente, de nuevo por consenso, la renta era de 222 millones de pesos corrientes³. Vemos que la diferencia es notable, pero no es catastrófica. Para darle un poco de contexto a estos datos, es útil mencionar que la media de gastos por consumo por persona en la capital de México hacia 1841 era de 68 pesos al año (1.5 reales al día).⁴ La inestabilidad política de 1830 y 1840 traería otros problemas igual o más graves en este renglón.

La lucha de los insurgentes sí afectó la inversión y el crecimiento potencial de la producción, aseveran Salvucci y Salvucci . Esa fue la razón por la que la renta por persona se estancó. Al no haber producción e inversión, cae la creación de empleos y el consumo disminuye. En sus mismas palabras: “el crecimiento sufre cuando el excedente económico se consume en lugar de invertirse”.⁵ 

Vale la pena recordar que México seguía siendo en este momento un país ligado económicamente a la producción de la plata. A mediano plazo, como sucedería en las décadas posteriores a la independencia, la balanza de pagos se volvería negativa porque se tuvo que importar cada vez más para seguir con la producción platera. La deuda pública aumentó porque el gobierno expidió cada vez más pagarés internacionales. Es así como la minería entró en recesión.

Entretanto, durante la guerra de independencia las dos facciones en pugna alteraron el orden de los ciclos productivos de la economía. Aquellas minas, comercios o haciendas que eran vistas como parciales hacia uno de los bandos fueron destruidas. 

Los caminos eran frecuentemente bloqueados y usados para pedir más peaje a los comerciantes. En el caso de las minas, se hacían inservibles temporalmente cuando los insurgentes las “ahogaban” (inundaban) o se destruía su infraestructura interior. El objetivo era afectar los ingresos económicos del grupo contrario. El renglón productivo minero fue aún más perjudicado por el conflicto que España mantuvo con el invasor Francia, pues el azogue y otros materiales necesarios para obtener la plata trabajada aún se importaban de Europa.

2. La economía mexicana durante los dos imperios y los primeros gobiernos federales y centrales del siglo XIX

Como adelantamos más arriba, durante este lapso de la historia del país las desavenencias económicas están ligadas en muchos casos a las decisiones administrativas tomadas por los gobernantes del recién formado México. La fuerte carga fiscal que algunos insurrectos creyeron acabaría con la independencia de la Corona no fue así.

El corto imperio de Agustín de Iturbide (1821-1823), fundamentado en el militarismo y los costos que eso implicaba, sufrió problemas desde muy pronto. Nunca recibió los esperados ingresos de gravar el comercio exterior, los cuales subsanarían al tesoro. El problema de su régimen fue la falta de ingresos. Al principio de su gestión eliminó ciertos gravámenes. Después disolvió al Congreso y bajo una Junta Instituyente diseñó nuevos impuestos para reducir su déficit, decreto un préstamo forzoso de 2 millones 800 mil pesos y la emisión de papel moneda por 4 millones de pesos así como un gravamen para cada provincia por medio del cual cada persona tendría que contribuir con cuatro reales, mientras que todos los propietarios de bienes seculares pagarían el 40% del valor de sus tierras, aunque que la iglesia sólo el 5%⁶. 

En opinión de Tenenbaum, el primer imperio sentó las bases de tres desafortunados precedentes económicos del México del siglo XIX: 1. el rechazo de las élites a pagar más impuestos de 1821 a 1834; 2. la dependencia del régimen hacia los militares, los cuales se rebelaron frecuentemente entre 1821 y 1856 cuando el gobierno no le pagaba a los ejércitos; y 3. la insistencia de los gobernantes mexicanos para enfocarse en los gastos, no los ingresos, como principal problema de las finanzas nacionales⁷.

La primera república federal de 1824-1829 también vivió problemas. Con la ayuda de un préstamo inglés se incentivó la creación de una tesorería central que permitiría al ejecutivo conocer el estado de los ingresos y gastos, pero su funcionamiento en el periodo señalado fue defectuosa, debido a los problemas en la aplicación práctica de sus funciones y en la indecisión de organizar la oficina central de la misma.⁸ La idea--que no era exactamente nueva, pues se habían sentado las bases de reforma fiscal durante los últimos años de la Colonia--chocó con la forma en que los estados organizaban sus operaciones hacendarias, los cuales aún mostraban vestigios de una administración colonial. En ambos casos, también hubo escasez de funcionarios para administrar el dinero recolectado y el gasto del gobierno. 

En este sentido, los estados mantenían prácticas que chocaban con las órdenes decretadas desde el centro del país, un problema que emanaba desde la forma de estructurar la Federación, en donde cada estado, a través de un pacto, guardaba su propio espacio de funcionamiento, lo que equivalía en la práctica a fuertes regionalismos. Así, en 1824 se acordó que los estados recibirían los impuestos directos, los derechos de oro y plata, novenos, vacantes, anualidades, mesadas, medias anatas, pulques, gallos y lo que restaba de la venta del tabaco y el papel sellado y las alcabalas interiores (que cada estado podía fijar). En esencia, cada estado debía cuidar su propio sistema de rentas pues sólo así podría enfrentar sus necesidades particulares.⁹ 

A la federación, iban los impuestos indirectos: los derechos de importación y exportación. El problema con este esquema es que los puertos y las fronteras estaban afuera de la capital, lo cual convirtió al nuevo sistema hacendario en un circo de dos pistas. Después, para cubrir el déficit que resultó de la repartición de ingresos públicos, se creo el contingente, el cual era una cuota asignada a cada estado dependiendo de su capacidad productiva. Esa cantidad era transferida a la Federación dentro de un tiempo señalado. El contingente fue rechazado en diversos estados, pues lo vieron como una intromisión a su soberanía fiscal. Otros de plano no pagaron, lo que firmó el fracaso del esquema ante la falta de autoridad mostrada por el gobierno, en donde se subrayó la desorganización e indefinición de las tareas de la tesorería general de la Federación.¹⁰

Entre 1836 y 1844, los gobiernos centrales limitaron la soberanía fiscal de los estados. Los cambios políticos de la época y la eliminación de las facultades estatales trajeron la implementación de departamentos y tesorerías departamentales que funcionaría como oficinas recaudadoras. Pero tal como sucedió con el primer gobierno federal, los gobiernos centralistas encontraron muchos problemas para implementar en la practica su plan hacendario a lo largo del país. Fue por eso que prefirieron la imposición de impuestos directos, es decir, sobre el capital, como la patente sobre giros mercantiles y derecho de uno o dos al millar sobre fincas rústicas y urbanas. 

De acuerdo con un investigador, el sistema fiscal de esta época refleja los primeros pasos concretos “del tránsito de un Estado de antiguo régimen a un Estado moderno”.¹¹ Esta es la época en que México se enfrentó a las potencias Francia y Estados Unidos y surgió la figura de Antonio López de Santa Anna para encabezar gobiernos dictatoriales. El derrocamiento del mismo tras el revolución de Ayutla de 1854 traería una lucha entre liberales y conservadores y la consecuente imposición del emperador Maximiliano I por estos últimos.

El segundo imperio no mejoró las finanzas públicas del país. La historiadora Erika Pani comenta que las finanzas públicas mexicanas se encontraban muy mal al momento del arribo de Maximiliano y no mejoraron entre 1864 y 1867. Más bien, el segundo imperio trató de subsistir aplicando impuestos heredados del Antiguo Régimen: alcabala, derechos de oro y platas, papel sellado, y peajes. Pero además, dependió de entradas aduanales y de préstamos a menudo usurarios.¹² El intento por modernizar las finanzas fracasó por las obligaciones económicas con Francia y por la inexistencia de un plan que llevará a la práctica la subsistencia de un gobierno por parte de su población. En general, los mexicanos no pagaban impuestos en esta época, a pesar de los esfuerzos imperiales por centralizar el sistema fiscal y crear un padrón de contribuyentes más certero.

Pero la carga más pesada del segundo imperio fue tal vez la deuda externa y sus acreedores, mismo problema que había perseguido a los anteriores gobiernos mexicanos. Al entrar Maximiliano, se acordó que México estaría obligado a pagar a Francia los costos de la expedición que realizó. Esto a partir de 1864, cuando pagaría 6 millones 600 mil francos al año al gobierno francés. Pero la carga aumentó en 1866 al firmar un convenio en donde se le concedía al gobierno de Francia la mitad de los productos de todas las aduanas marítimas del imperio (la República Restaura desconoció los compromisos adquiridos por el “usurpador”. Tampoco respetaría los empréstitos imperiales acordados con los franceses. Sin embargo, la deuda externa continuaría).¹³ 

José María Lacunza (1809-1869), designado por Maximiliano como director de Hacienda en 1866, lo vio de forma clara. Su fracasado plan hacendario trató de convencer a los mexicanos de que debían despertar y asumir que la independencia, el orden y la seguridad costaban, y que era preciso sacrificarse para pagarlos, por lo que creo la Ley de Fincas de 1866, la cual gravaba el producto líquido de las mismas a razón de la sexta parte del precio del arrendamiento para las fincas urbana, así como la séptima parte del precio de arrendamiento para las fincas rústicas. ¹⁴ La ley se derogó apenas dos meses después de haberse promulgado por las presiones de los grandes propietarios. Así, al imperio no le quedó mas que aumentar la cuota de patente, subir multas, y crear contribuciones extraordinarias y préstamos forzosos.

3. Una revaloración del desempeño económico de México de la primera mitad del siglo XIX

Como señalamos al principio de este texto, las escasez de datos económicos fiables de la primera mitad del siglo XIX hacen difícil la labor de interpretación del periodo. Dejando de lado el desarrollo de la calidad de vida de la población, algunos autores postulan que el desempeño macroeconómico de México durante la primera mitad del decimonónico no fue desastroso, como se ha creído, sino que se dio un crecimiento muy modesto, a pesar de los problemas administrativos derivados de los gobiernos y la inestabilidad.

Después de revisar el PIB de la época y hacer diversas estimaciones numéricas, Sánchez Santiró llega a la conclusión de que sí hubo crecimiento. En primer lugar están las estimaciones del PIB per capital, el cual era en 1810 de 36.9 pesos corrientes, 42.8 hacia 1839 y 36.9 en 1869. ¹⁵ El autor llega a ese punto después de valorar también los indicadores de población, industria, comercio, agricultura y minería. Los primeros en general aumentaron; la minería tuvo altibajos. El ligero crecimiento fue sostenido a partir de un lustro después de la guerra de independencia y hasta la guerra de Reforma. La recuperación fue lenta y desigual “de manera que los distintos sectores económicos [...] mantuvieron la expansión hasta la crítica coyuntura de 1854-1857, en la cual se truncó la senda del crecimiento hasta los setenta del siglo XIX”.¹⁶ 

El mismo autor señala que las razones de este crecimiento fueron varias y sobre todo materiales: la pérdida de centralidad de la Ciudad de México en la acuñación de metales preciosos; la conexión directa del norte minero con los puertos del Golfo y el Pacífico, sin tener que transitar por la vieja vía México-Puebla-Veracruz; la correlativa alteración de las rutas de entrada de mercancías foráneas; la constitución de compañías mercantiles de capital extranjero en el país (en ocasiones en colaboración con comerciantes nacionales); la llegada de capital foráneo a la industria minera y textil; la introducción de tecnología moderna en estas mismas actividades; y la incipiente transformación tecnológica de ciertas agroindustrias—como la del azúcar y la harina de trigo. “Esto derivó en una economía más abierta a la del viejo régimen, con lo que se pudo redistribuir la economía en términos sectoriales y regionales”, afirma Sánchez Santiró.¹⁷

4. Conclusión

En este breve ensayo hemos revisado las condiciones económicas que impactaron a México en las décadas inmediatas posteriores a la independencia, así como durante los años de la lucha. En general, podemos ver que, si bien no fue una época de crecimiento, sino más bien de estancamiento o muy limitado crecimiento, el país nunca se detuvo por completo, al menos en el ámbito macroeconómico. Esto, a pesar de las decisiones gubernamentales que causaron problemas hacendarios y fiscales para recolectar y distribuir los ingresos. Es una hecho que la inestabilidad política de los gobiernos de las décadas posteriores a la separación de la Corona afectaron el desarrollo económico del país, pero no al grado de destruirlo. Dicho eso, convendría estudiar en otro trabajo y con mayor detenimiento la calidad de vida de las personas de esa época, pues los indicadores de la macroeconomía de ese entonces no reflejan ese rubro con el detalle que merecen.

OBRAS CITADAS

- Jáuregui, Luis. “La primera organización de la hacienda pública federal en México, 1824-1829” en José Antonio Serrano Ortega y Luis Jáuregui (eds.), Hacienda y política. Las finanzas públicas y los grupos de poder en la primera república federal mexicana, México, El Colegio de Michoacán/Instituto Mora, 1998, pp. 227-264.

- Pani, Erika. “El ministro que no lo fue: José María Lacunza y la Hacienda Imperial” en Leonor Ludlow (coord.), Los secretarios de Hacienda y sus proyectos (1821-1933), t. II, México, UNAM, 2002.

- Salvucci, Richard y Linda Salvucci. “Consecuencias económicas de la independencia de México”, en Leandro Prados de la Escosura y Samuel Amaral (coords.), La independencia americana. Consecuencias económicas, Madrid, Alianza, 1993, pp. 31-53.

- Sánchez Rodríguez, Martín. “Política fiscal y organización de la hacienda pública durante la república centralista en México, 1836-1844” en Carlos Marichal y Daniela Marino, (comps.), De colonia a nación. Impuestos y política en México, México, Instituto Mora, 2001, p. 189-214.

- Sánchez Santiró, Ernest. “El desempeño de la economía mexicana, 1810-1860: de la Colonia al Estado-nación” en Sandra Kuntz (coord.), Historia económica general de México. De la Colonia a nuestros días, México, El Colegio de México, 2000, pp. 275-301.

- Tenenbaum, Barbara. “Sistema tributario y tiranía: las finanzas públicas durante el régimen de Iturbide, 1821-1823” en Luis Jáuregui y José Antonio Serrano Ortega (coords.), Las finanzas públicas en los siglos XVIII-XX, México, Instituto Mora, 1998, pp. 209-226.

NOTAS

1Richard & Linda Salvucci. “Consecuencias económicas de la independencia de México”, en Leandro Prados de la Escosura y Samuel Amaral (coords.), La independencia americana. Consecuencias económicas, Madrid, Alianza, 1993, pp. 31-32.

2Ibid, p. 33.

3Ibid, p. 38.

4Ibid, p. 39.

5Ibid, p. 41.

6 Barbara Tenenbaum. “Sistema tributario y tiranía: las finanzas públicas durante el régimen de Iturbide, 1821-1823” en Luis Jáuregui y José Antonio Serrano Ortega (coords.), Las finanzas públicas en los siglos XVIII-XX, México, Instituto Mora, 1998, pp. 221-222.

7Ibid, p. 222-224.

8Luis Jáuregui. “La primera organización de la hacienda pública federal en México, 1824-1829” en José Antonio Serrano Ortega y Luis Jáuregui (eds.), Hacienda y política. Las finanzas públicas y los grupos de poder en la primera república federal mexicana, México, El Colegio de Michoacán/Instituto Mora, 1998, p. 229.

9Ibid, p. 230.

10Ibid, p. 250.

11Martin Sánchez Rodríguez. “Política fiscal y organización de la hacienda pública durante la república centralista en México, 1836-1844” en Carlos Marichal y Daniela Marino, (comps.), De colonia a nación. Impuestos y política en México, México, Instituto Mora, 2001, p. 191.

12Erika Pani. “El ministro que no lo fue: José María Lacunza y la Hacienda Imperial” en Leonor Ludlow (coord.), Los secretarios de Hacienda y sus proyectos (1821-1933), t. II, México, UNAM, 2002, p. 30.

13Ibid, p. 35.

14Ibid, p. 39.

15Sánchez Santiró, Ernest. “El desempeño de la economía mexicana, 1810-1860: de la Colonia al Estado-nación” en Sandra Kuntz (coord.), Historia económica general de México. De la Colonia a nuestros días, México, El Colegio de México, 2000, p. 277.

16Ibid, p. 297.

17Ibid, p. 298.