En este texto resumiré brevemente los principales elementos del capítulo XII de la obra de Guillermo Céspedes del Castillo titulada América Hispánica (1492-1898), publicada en 2009, referente al absolutismo ilustrado. El autor afirma que, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, la Corona española trató de modernizar su aparato gubernativo y administrativo para mantenerse en situación competitiva frente a otros imperios extranjeros rivales que amenazaban con romper los esquemas implantados en América desde la Conquista. Los cambios provocaron fuertes movimientos, en su mayoría de oposición, en los principales grupos de poder que ya estaban instalados en el Nuevo Mundo. Su implantaron bajo el absolutismo ilustrado de la época, forma de pensamiento que intentaba centralizar el poder y la administración al eficientarla, pero que tuvo consecuencias muy distintas cuando trató de aplicarse en los territorios Ultramarinos. Céspedes divide en cuatro rubros los principales cambios, los cuales explicaré a continuación.
En conclusión, gracias a las reformas aumentaron los ingresos, se modernizaron algunos procesos, pero no se transformó radicalmente la administración en América. Creció el gasto público y las oligarquías locales y la vieja burocracia defendió sus derechos. Estos dos grupos lograron frenar las ansias de los reformadores. “Aceptaron muchos cambios para cambiar poco”.
- I. Reorganización territorial. Franceses, rusos e ingleses aumentaron su actividad marítima en el Pacífico entre 1769 y 1795. Ante esa amenaza, la Corona reorganizó sus territorios y los robusteció defensas militares, lo que provocó fuertes gastos y mayores tributaciones en las arcas locales. Sintetiza el autor: “La reorganización territorial no fue arbitraria, ni se basó exclusivamente en motivos estratégicos. Más bien vino a reflejar —y contribuyó a intensificar— el proceso generalizado de diferenciación regional que se percibe durante el siglo XVIII”. Por ejemplo, instaló presidios con guarniciones desde el fondo del golfo de California al saliente de Nuevo México, al norte de Santa Fe, parte de Río Grande, y la costa del Golfo de México hasta desembocar en el Misisipí. En 1776 se organizó la Comandancia General de las Provincias Internas, con capital en Arizpe, que englobaría la Alta y la Baja California, Sonora, Nuevo México, Nueva Vizcaya, Coahuila, Texas y, más tarde, también Nuevo León y Nuevo Santander. Por el flanco oriental, asegura Céspedes, el Virreinato quedó peligrosamente indefensa como resultado de la guerra de los Siete Años y el Tratado de París (1763), en virtud de que Inglaterra adquirió, de España, la Florida y de Francia toda la parte oriental de la Luisiana, hasta el río Misisipí, lo que daba a los británicos amplio acceso al golfo de México. La Corona, mientras tanto, se hizo de la Luisiana occidental, en donde el puerto de Nueva Orleans, hasta su desembocadura con el río Misisipí, sería una línea defensiva posible frente a las colonias inglesas. Al final, la nueva Luisiana española (1763-1803) provocó muchos problemas a la Corona, en vista de la asimilación que tuvo que sufrir la población acostumbrada a un régimen muy distinto al español. En 1783, con el Tratado de Versalles, España recuperó la Florida oriental, perdida veinte años antes, más la franja costera que la unía con Nuevo Orleans (Florida occidental). Este reordenamiento causó un fuerte carga económica a la Corona, pues ambas Floridas funcionaron como un dique frente a la expansión de las trece colonias inglesas de Norteamérica, tanto antes como después de la independencia de éstas. Los territorios del Caribe también fueron re-fortificados, así como los del Sur.
- II. Reformas económicas: producción. Los cambios se enfocaron en la industria minera, en donde se buscó aumentar la producción y rendimiento (algo difícil en un mercado en el precio de la plata declinaba). De forma paralela, también se trató de dignificar el trabajo en este sector y convertir a los mineros en una especie de empresarios modernos. Así, se promulgaron nuevas ordenanzas del sector en la Nueva España en 1786 y se generalizaron después para todas las provincias; se hicieron nuevos tribunales mineros para expeditar la solución de litigios; se crearon nuevos bancos de rescate; se organización bancos de avío para ofrecer créditos y suministros con pagos a plazos; se crearon o reformularon algunos monopolios reales de la mano de nuevos estímulos fiscales: se rebajó el precio del azogue, se facilitó el comercio y distribución de sal y otros suministros, como la pólvora. Las reformas tuvieron éxito en la Nueva España, no así en Perú y Nueva Granada. El propósito de estos cambios fue claro, asegura Céspedes: “su meta es el 'pacto colonial', es decir, que los territorios ultramarinos se conviertan en exportadores de materias primas hacia la metrópoli y en mercado consumidor de las manufacturas y artículos de consumo que produce la Península [...] Las mercancías indianas exportadas a España aumentaron, tanto en volumen como en valor [...] En análoga forma procurose fomentar la exportación en Ultramar de unas colonias a otras, si ello no competía con productos exportados desde España”. El propósito de buscar a la producción metropolitana en mercados en Ultramar no se cumplió, salvo en una medida insignificante, agrega.
- III. Reformas económicas: comercio y finanzas. Las leyes de de liberalización del comercio fueron la consecuencia de mayor actividad a través del Atlántico, en virtud del crecimiento poblacional europeo y las nuevas tecnologías marítimas desarrolladas a lo largo del siglo XVIII. Es en 1765 cuando España inicia con medidas de comercio libre entre las islas de Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, Margarita y Trinidad, y además entre todas ellas y nueve puertos peninsulares: Cádiz, Sevilla, Málaga, Alicante, Cartagena, Barcelona, Santander, La Coruña y Gijón. Se simplificaron trámites y suprimieron algunos impuestos. En 1778, se promulgó el Reglamento y aranceles para el comercio libre de España e Indias, en donde se generalizaba a toda la Monarquía el nuevo régimen comercial, autorizándose el tráfico entre doce puertos peninsulares y veinticuatro ultramarinos que representan a todas las regiones (Nueva España y Venezuela se incorporaron en 1789). El nuevo régimen comercial significó que desapareciera la antigua Casa de Contratación y se creasen juzgados de arribadas para despachar los buques en cada puerto autorizado. Sin embargo, aclara el autor, “no era un comercio libre, salvo en la medida en que ampliaba considerablemente el número de puertos habilitados, suprimía trámites burocráticos y daba flexibilidad a la navegación; era, en cambio, un comercio protegido, porque trataba de fomentar el tráfico entre los súbditos de la Monarquía, favorecer a los productos españoles —tanto peninsulares como indianos que no compitieran con aquellos—, gravar a las mercancías extranjeras, ya que no era posible eliminarlas, y combatir el contrabando”. La idea era liberar el tráfico para aumentar la carga fiscal y con eso recaudar más impuestos. Los resultados fueron desiguales. En sitios como la Nueva España y Perú, en donde había fuertes oligarquías económicas, hubo fuerte oposición, pues las reformas intentaban quitar poder a los Consulados de mercaderes, quienes tenían ya una compleja estructura desde Cádiz hasta los puertos americanos--de flotas a tenderos y hasta instrumentos de créditos--para proteger sus ganancias. En los últimos años de la década de 1780-1790 su poder comenzó a desmoronarse. El factor decisivo fue el “drenaje” de plata hacia Europa, que supone un proceso “acelerado de descapitalización”, así como la fundación de nuevos Consulados fuera de Lima y México.
- IV. Las reformas administrativas. Viejas y nuevas burocracias chocaron a causa de las nuevas disposiciones de la Corona. Los virreyes se resistieron a perder sus funciones en detrimento de ceder parte de ellas a los superintendentes y después a los subdelegados. Las élites criollas se opusieron y se pusieron del lado de los virreyes. En general, no se eficientó la administración.
En conclusión, gracias a las reformas aumentaron los ingresos, se modernizaron algunos procesos, pero no se transformó radicalmente la administración en América. Creció el gasto público y las oligarquías locales y la vieja burocracia defendió sus derechos. Estos dos grupos lograron frenar las ansias de los reformadores. “Aceptaron muchos cambios para cambiar poco”.
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