lunes, 11 de abril de 2016

Una dictadura en los Andes


En este texto resumiré brevemente los principales elementos del escrito “El estado los Andes en la época de Antonio Guzmán Blanco, 1881-1887”, autoría de Yuleida Artigas publicado en Aldea Mundo (vol. 12, núm. 23, mayo-octubre, 2007). La tesis principal de la autora ligado al nuevo estado de los Andes que se formó en Venezuela--temporalmente--al final del decimonónico, es que “si bien el progreso estuvo presente en la mentalidad de los habitantes y gobernantes andinos, poco se pudo hacer durante los primeros seis años en un Estado revuelto por alzamientos armados, disensiones políticas, constantes elecciones, escasas rentas y cortos períodos presidenciales”.

A decir de Artigas, la nueva política y administración iniciada en el estado los Andes no trajo ni paz, ni progreso, ni calmó las ansias de poder de los caudillos regionales ni la búsqueda de un puesto burocrático en una nueva estructura en donde se colocaron algunas figuras partidistas, a veces liberales, a veces conservadoras. Así, la medida de unificación en los territorios venezolanos de Guzmán (Mérida), Trujillo, Táchira sólo logró cierta tranquilidad del gobierno nacional pues obtuvo un mayor control político de la región, a través de los Delegados Nacionales, Presidentes Provisionales y Jefes Civiles y Militares. 

Estos cambios se produjeron a partir de la promulgación de la Constitución del 27 de abril de 1881, la cual redujo los Estados del país a nueve grandes unidades políticas administrativas, incluyendo el citado estado los Andes. La lógica de la unificación, además del mayor control del gobierno central de los gobiernos centrales de Antonio Guzmán Blanco y después de Joaquín Crespo, se justificó gracias a la homogeneidad geográfica, histórica y cultural de los tres Estados andinos.

Antes de la creación del nuevo estado, la prensa liberal había expresado que se debía crear un gran Estado en la zona de los Andes venezolanos para potenciar el desarrollo, la paz y la estabilidad política en esa zona. Al ver los problemas políticos creados después del decreto constitucional, la prensa pidió la desintegración del nuevo estado, hecho que sucedió en definitiva en 1899. La zona unificada--dividida a su vez en secciones con gobernadores y después, a nivel municipal, a través de Concejos-- se organizó con un Presidente y secretario general, un consejo de administración con seis diputados, un poder Legislativo con diputados electos por cada sección, un Poder Judicial con Corte Suprema y corte superior en cada sección, jueces de distintas instancias, además de un control judicial con fiscal y , en su fase posterior, con un procurador.


A pesar de estos cambios hechos bajo el viso liberal, en el nuevo estado se dio una feroz pugna política por el poder entre caudillos locales, lo que provocó guerra e inestabilidad durante los primeros seis años de su existencia. El gobierno central reaccionó tratando de pacificar la zona. “Esta situación impidió, sin duda alguna, una administración publica organizada, coherente y “eficiente”, opina la autora. Al final, el nuevo estado no recibió lo beneficios esperados. 

La zona cafetalera no despegó, no hubo mayor crecimiento comercial y las vías de comunicación siguieron siendo igual de malas. El servicio de correo continuó siendo lento, el agua deficiente, el alumbrado público poco fiable y las obras públicas limitadas. El gobierno de Araujo logró cierta estabilidad, con lo que estableció el telégrafo (1881). Durante la unificación también se logró construir algunas escuelas, siguiendo el impulso modernizador del centro. Pero en general, durante el lapso referido, no se logró el progreso esperado.

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