En
este texto resumiré brevemente los principales elementos del escrito
“El estado los Andes en la época de Antonio Guzmán Blanco,
1881-1887”, autoría de Yuleida Artigas publicado en Aldea
Mundo
(vol. 12, núm. 23, mayo-octubre, 2007). La tesis principal de la
autora ligado al nuevo estado de los Andes que se formó en
Venezuela--temporalmente--al final del decimonónico, es que “si
bien el progreso estuvo presente en la mentalidad de los habitantes y
gobernantes andinos, poco se pudo hacer durante los primeros seis
años en un Estado revuelto por alzamientos armados, disensiones
políticas, constantes elecciones, escasas rentas y cortos períodos
presidenciales”.
A decir de Artigas, la nueva
política y administración iniciada en el estado los Andes no trajo
ni paz, ni progreso, ni calmó las ansias de poder de los caudillos
regionales ni la búsqueda de un puesto burocrático en una nueva
estructura en donde se colocaron algunas figuras partidistas, a veces
liberales, a veces conservadoras. Así, la medida de unificación en
los territorios venezolanos de Guzmán (Mérida), Trujillo, Táchira
sólo logró cierta tranquilidad del gobierno nacional pues obtuvo
un mayor control político de la región, a través de los Delegados
Nacionales, Presidentes Provisionales y Jefes Civiles y Militares.
Estos cambios se produjeron a partir de la promulgación de la
Constitución del 27 de abril de 1881, la cual redujo los Estados del
país a nueve grandes unidades políticas administrativas, incluyendo
el citado estado los Andes. La lógica de la unificación, además
del mayor control del gobierno central de los gobiernos centrales de
Antonio Guzmán Blanco y después de Joaquín Crespo, se justificó
gracias a la homogeneidad geográfica, histórica y cultural de los
tres Estados andinos.
Antes de la creación del nuevo
estado, la prensa liberal había expresado que se debía crear un
gran Estado en la zona de los Andes venezolanos para potenciar el
desarrollo, la paz y la estabilidad política en esa zona. Al ver los
problemas políticos creados después del decreto constitucional, la
prensa pidió la desintegración del nuevo estado, hecho que sucedió
en definitiva en 1899. La zona unificada--dividida a su vez en
secciones con gobernadores y después, a nivel municipal, a través
de Concejos-- se organizó con un Presidente y secretario general, un
consejo de administración con seis diputados, un poder Legislativo
con diputados electos por cada sección, un Poder Judicial con Corte
Suprema y corte superior en cada sección, jueces de distintas
instancias, además de un control judicial con fiscal y , en su fase
posterior, con un procurador.
A pesar de estos cambios hechos
bajo el viso liberal, en el nuevo estado se dio una feroz pugna
política por el poder entre caudillos locales, lo que provocó
guerra e inestabilidad durante los primeros seis años de su
existencia. El gobierno central reaccionó tratando de pacificar la
zona. “Esta situación impidió, sin duda alguna, una
administración publica organizada, coherente y “eficiente”,
opina la autora. Al final, el nuevo estado no recibió lo beneficios
esperados.
La zona cafetalera no despegó, no hubo mayor crecimiento
comercial y las vías de comunicación siguieron siendo igual de
malas. El servicio de correo continuó siendo lento, el agua
deficiente, el alumbrado público poco fiable y las obras públicas
limitadas. El gobierno de Araujo logró cierta estabilidad, con lo
que estableció el telégrafo (1881). Durante la unificación también
se logró construir algunas escuelas, siguiendo el impulso
modernizador del centro. Pero en general, durante el lapso referido,
no se logró el progreso esperado.
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